El 19 de noviembre de 2012 la Corte de la Haya dictó sentencia sobre una demanda presentada por Nicaragua contra Colombia, reclamando la pertenencia total del archipiélago de San Andrés y Providencia. La Corte Internacional reafirmó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia junto con 6 cayos conexos, sin embargo con esta sentencia perdió cerca del 43% de su espacio marítimo sobre el mar Caribe.

Un acto de consecuencias similares para Colombia ocurrió en 1903, cuando perdió 75.400 kilómetros cuadrados de territorio con la separación de Panamá. Para esta época el interés por construir un canal interoceánico que uniría al mar Caribe con el océano Pacífico era motivo suficiente y contundente de Estados Unidos para propiciar el hecho.

Con este nuevo fallo de 2012 contra Colombia, todo parece indicar que se repitió la historia, con la diferencia de que los nuevos intereses están asociados al país más poblado del mundo, China.

El fallo que arrebató a Colombia el 43% de su territorio marítimo sobre el Caribe (3)La construcción de un nuevo canal interoceánico en Centroamérica pactado mediante un contrato establecido entre Nicaragua y China constituirían el fundamento de este litigio.

La contienda jurídica

Según los argumentos colombianos, la Corte de la Haya desconoció por completo la jurisprudencia y el tratado vigente entre las dos naciones, no tuvo en cuenta la histórica soberanía sobre dicho territorio marítimo descomponiendo así la estructura de un archipiélago que desde siempre ha estado unido tanto geográfica como socialmente al país cafetero.

Pero más allá del plano jurídico, esta contienda adquiere una amplia dimensión al verse rodeada por factores monetarios que finalmente se centran en los intereses del gigante asiático. Los planes de expansión económica de China en América Latina se han evidenciado en los últimos años y esto obviamente compromete los aspectos geopolíticos de la región.

La inclinación de la balanza para el lado de Nicaragua no es más que la consecuencia de la preparación de un minucioso plan concebido desde no menos de 30 años antes del fallo, iniciado con la permanencia durante este mismo tiempo de un único líder representante del país centroamericano en Holanda, país sede de la Corte Internacional.

Mientras Nicaragua mantuvo al embajador Carlos Argüello Gómez todos esos años ejerciendo labores estratégicas a nivel jurídico, político y económico; Colombia realizó 13 cambios de representante en Holanda.

Nuevos territorios marítimos eran necesarios para la construcción del mega proyecto y esto solo era posible conseguirlo con un fallo a favor de Nicaragua. Cabe mencionar que dentro de los 15 jueces que participaron en la unánime decisión, estaba la Jueza de nacionalidad china Xue Hanqin, quien además ejerció como embajadora en Holanda entre 2003 y 2008, antes de su cargo en la Corte, siendo así colega de Argüello Gómez durante 5 años, ¿coincidencia?.

Todo esto hizo parte de una magistral estrategia Nicaragüense apoyada por uno de los países más poderosos del mundo. A esto se suma la pasividad jurídica de Colombia que se quedó dormida ante las maniobras que se venían elaborando cautelosamente y que comenzó a mover sus fichas demasiado tarde, cuando ya se encontraba prácticamente en jaque.

Hoy Nicaragua avanza junto con su socio comercial en la construcción de lo que será el canal interoceánico más grande del mundo, una obra que toma como punto de partida el fallo de una Corte Internacional, pero que se proyectaba en manos de cautos desde hace varios años atrás.

De acuerdo al Derecho Internacional, la decisión es de obligatorio cumplimiento para las partes comprometidas, las cuales se han sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia bajo los acuerdos firmados por la mayoría de países de América en 1948, con el suscrito Pacto de Bogotá. Sin embargo, según los procedimientos ante esta Corte, es posible presentar recursos para la revisión del fallo, recursos que Colombia usará según lo ha manifestado.

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