La situación del vecino país nos debe recordar la importancia de una política fiscal seria y una autoridad monetaria con credibilidad. Estos activos hacen parte de una larga tradición de Colombia, que nos permite navegar en aguas turbulentas con la confianza de mantener el rumbo.

La actual situación que estamos viviendo con las medidas tomadas por el Gobierno de Venezuela en la frontera con Colombia tiene gran parte de su origen en las dificultades económicas que el país vecino afronta desde hace varios años y que se refleja en una inestabilidad social sin precedentes. En este sentido, es importante contextualizar esta situación en el comportamiento económico Venezuela y Colombia.

No se nos olvide el impacto del precio del petróleo. Colombia ha tomado medidas oportunas pero dolorosas para afrontar esta nueva realidad petrolera con una austeridad inteligente en el marco de una regla fiscal, como por ejemplo el recorte de 17 billones en su plan de inversión para los próximos cuatro años. Esto nos permite mantener un déficit estructural para el gobierno colombiano de 2,2% para el 2015. Mientras tanto, durante las épocas de bonanza petrolera nuestro vecino desaprovechó casi una década de precios del petróleo en niveles históricamente altos para balancear sus finanzas públicas.

Se evidencia además un insostenible manejo de la política fiscal del vecino país en los últimos años en busca de estimular infructuosamente el crecimiento, lo que ha derivado en un resquebrajamiento de la sostenibilidad fiscal. De acuerdo con estimaciones del FMI, se prevé que en 2015 el déficit fiscal del gobierno general venezolano ascienda a 20% del PIB, con gastos equivalentes al 43% del PIB. Peor aún, de acuerdo al FMI el déficit fiscal primario equivaldrá a 17% PIB, y el presupuesto de Venezuela encuentra equilibrio con US$ 160 por barril, mientras que hoy estamos por debajo de US$ 43.

El hueco fiscal resulta de problemas estructurales asociados a una expansión desmedida del gasto, generando una carga fiscal insostenible sobre las finanzas públicas. Entre ellos, sobresalen dos inflexibilidades: un incremento de más del doble en el costo de la nómina estatal durante los últimos 16 años (según la revista The Economist) y el hecho de que el gobierno destina casi la mitad del presupuesto al pago de subsidios (24,1% del PIB en 2013). Además, según The Economist, la inflación en Venezuela terminó cerca del 90% en 2014, y podría llegar a niveles del 150% en este año, lo que se refleja en una marcada escasez de bienes de los principales bienes básicos para los consumidores. Esta hiperinflación es la inevitable consecuencia del desmantelamiento del aparato productivo interno y de una política fiscal deficitaria que se financia con emisiones de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela. El alto nivel de subsidios venezolanos lo hace aun peor: un galón de gasolina en Venezuela cuesta 80 pesos colombianos, mientras que en Colombia cuesta 8.200 pesos.

Estos retos de caja los agrava la desaceleración económica. Se estima que la economía venezolana cayó a una tasa del 4% en 2014 y que se contraerá este año a un ritmo del 7%, mientras que en Colombia el crecimiento económico cerrará alrededor del 3,6%, luego de cuatro años con un crecimiento promedio del 5%. A esto se suma, un régimen cambiario múltiple y distorsionado con cuatro tasas de cambio, tres oficiales y una paralela, que estimulan la especulación cambiaria y la fuga de capitales. Por el contrario, en nuestro país, la inflación se ubica en niveles cercanos al 4,4%, con un régimen cambiario flexible y con una autoridad monetaria de altísima credibilidad y que es ejemplo en la región.

El pobre desempeño de la economía venezolana ha causado un incremento en el desempleo, que se proyecta para 2015 en 15%, continuando con la tendencia creciente desde 2012. Adicionalmente, la CEPAL estima que en el 2013 un tercio de los venezolanos vivían en pobreza, mientras que en 2012 se estimaba que era un cuarto de venezolanos los que vivían en estas condiciones. La situación actual solo puede ser peor. En contraste, en Colombia el desempleo en julio se ubicó en el 8,8%, manteniendo una dinámica constante de generación de empleo a pesar de la reciente desaceleración económica. Adicionalmente, nuestro país ha visto en los últimos años las más rápidas reducciones de la pobreza y la pobreza extrema de nuestra historia moderna, ubicándonos en 28,5% y 8,1%, niveles inferiores a los venezolanos. Además, la tasa de homicidios de Colombia es de 26 por cada 100 mil habitantes, mientras que la de Venezuela es de 82. Por ende, no es sorprendente que las fuerzas del mercado, no grupos al margen de la ley, expliquen el contraste económico de la zona de frontera.

Durante esta turbulencia de la economía global, el riesgo país de Venezuela ha aumentado en mercados internacionales casi en siete veces. Según Merryl Lynch, en el primer semestre de 2015 los activos susceptibles de ser vendidos han caído 11 mil millones de dólares, quedando disponibles solo 61 mil millones para la venta. Las duras decisiones que ya tomó Colombia, en algún momento le llegarán a Venezuela. Si este país vecino aspira a sostener el pago de su deuda, hoy 46% del PIB, difíciles decisiones vendrán a nivel gubernamental, bien sea por el lado de su nómina estatal, recorte de subsidios, o inversiones. Esto solo va a enrarecer el debate político en nuestro hermano país, lo que puede traer más consecuencias diplomáticas.

El preocupante panorama económico en el país vecino puede detonar en complicaciones comerciales, cambiarias y logísticas. A la coyuntura actual de desplazamiento de nuestros compatriotas por causas políticas se le suma la posibilidad latente de un fenómeno de refugiados económicos en el mediano plazo. La política pública de nuestro país debe entonces prepararse para este nuevo escenario. Ya hemos avanzado en este sentido. Colombia en su frontera, en el marco del Plan de Desarrollo, ha programado inversiones para el periodo 2015-2018 del orden de 57,8 billones, entre las cuales se incluyen importantes iniciativas como el Contrato Plan de Norte de Santander, lo mismo que el Contrato Plan de Arauca que ya ejecuta inversiones por 1,72 billones. Así mismo, el Conpes 3805 de Fronteras incluye buena parte de estas inversiones. Aparte de esto, ya estamos construyendo un plan de acción económico y humanitario para los próximos dos años por si la economía Venezolana y su política se deterioran aún más.

La situación económica Venezolana nos debe recordar la importancia de una política fiscal seria y una autoridad monetaria con credibilidad, activos que hacen parte de una larga tradición de responsabilidad en el manejo económico de nuestro país, que nos permiten navegar en aguas turbulentas con la confianza de mantener el rumbo hacia un país más educado, más equitativo y, por encima, de todo en paz.

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