La Constitución Política de Colombia viola un derecho humano [Opinión]

Hace un tiempo quería hacer un artículo relacionado con un tema que es el detonante de una polarización marcada entre quienes lo defienden y sus detractores, los cuales nunca han sido capaces de llegar a un consenso; el tema al que se hace referencia es al voto militar. Este debate se reabrió dentro del Congreso y diversos foros de opinión por la presentación del Proyecto de Acto Legislativo 003 del 2016 el cual buscaba modificar el artículo 219 de la constitución política, con la finalidad de regular el sufragio de los miembros de las fuerzas armadas de Colombia.

Este proyecto lastimosamente no estuvo en la conversación de los colombianos, pero es una modificación necesaria para poder lograr la materialización del derecho fundamental que poseen los miembros de la Fuerza Pública en general (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía), en su condición de ciudadanos y de seres humanos; afirmación que tiene como fundamento la propia constitución política, y parte del bloque de constitucionalidad (Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos) que lo reglamentan como un derecho universal, el cual sólo puede ser limitado[1] con ocasión de: la edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.

Volviendo a la constitución, la ciudadanía sólo se pierde por renuncia a la nacionalidad, luego entonces, no puede un artículo constitucional violentar lo estipulado en un derecho fundamental por su propio texto, ordenándole a un ciudadano que para defender la patria deba renunciar a este; es una total contradicción con los fines del Estado Social de Derecho. La fuerza Pública debe poder ejercer su voto y así poder otorgarle más legitimidad a sus funciones, sintiéndose incluidos dentro de la ciudadanía colombiana.

Los que se oponen a esta modificación, presentan argumentos como: la fuerza pública ha participado en violaciones a derechos humanos y alianzas con grupos armados al margen de la ley, son un régimen castrense de jerarquía donde prima la obediencia debida, tienen el monopolio de la fuerza, se puede dar chantajes electorales, pueden dar un golpe de Estado, no tienen suficiente discernimiento, entre muchas otras aseveraciones vacías, que resulta sorprendente escuchar en la actualidad mundial.

Es injusto que a los miembros de la fuerza pública, encargados de proteger la democracia no puedan ejercerla; se les acusa previamente de ir a manipular a los colombianos en elecciones generalizando errores puntuales de la institución y dejando ver a los ciudadanos como simples seres sin capacidad para razonar; por otro lado no se necesitan las armas para comprar votos porque eso ya lo están haciendo los políticos a lo largo de la historia, a los cuáles se les debería limitar este derecho también; por qué el Presidente puede elegir y ser reelegido, si se sigue esta teoría los congresistas no podrían votar, tampoco los  dueños de una compañía, los jefes laborales,  los padres de familia y en general nadie podría votar.

Por lo tanto resulta necesario, comenzar a materializar una constitución que se encuentra inaplicada, y uno de esos pasos es efectivizar un derecho que en muchos países es permitido, como lo es en Argentina, Chile, México, Uruguay, España, Francia, Italia, entre otros, porque no hay razón alguna que fundamente realmente y legitime una prohibición de tal magnitud; Tal vez una manera de realizarlo sería que sólo pudiesen votar en elecciones a nivel nacional (Presidencia y Senado), irles otorgando el derecho al sufragio de manera escalonada o que voten un día antes, entre muchas otras estrategias que se podrían realizar para cumplir con este deber, eso sí hablo del derecho al voto, no a ser elegido mientras están en servicio activo que si es una circunstancia que se debe seguir prohibiendo. Todo esto es necesario para desarrollar la verdadera democracia, toda vez que para dar un golpe de estado no se necesita de voto sino de las armas, y hasta ahora no se ha dado.

[1] Convención Americana de Derechos Humanos (1969). Art. 23 – Numeral 2.

Fredy Socarras

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