Seguridad y movilidad las principales preocupaciones de Bogotá

La dinámica actual de las ciudades apunta a redireccionar el desarrollo urbano hacia la implementación de acciones que mejoren el bienestar y convivencia de la población, reflejadas en soluciones incluyentes, tolerantes, accesibles y acordes con las condiciones socioeconómicas específicas.

Esta nueva orientación le da mayor relevancia a la comunicación y la información toda vez que se precisa de puentes que fortalezcan los procesos democráticos y de empoderamiento, a través de las tecnologías y el acercamiento entre los gobiernos y las comunidades.

En este sentido, se hace necesario que la administración distrital propenda por brindar servicios de información y comunicación que faciliten la interacción entre los ciudadanos y la institucionalidad, basada en principios democráticos como el respeto a los derechos humanos, la diversidad, la pluralidad y la participación, entre otros.

De acuerdo con encuestas recientes, realizadas en Bogotá, las mayores preocupaciones de la ciudadanía son la movilidad y la seguridad, pues a pesar de los avances y esfuerzos realizados en años anteriores por las diferentes administraciones parece ser que estos dos problemas no disminuyen.

De la misma manera, aunque se han realizado acciones para mejorar la movilidad, tales como el pico y placa, fomento del uso de transporte alternativo como la bicicleta, la ciudad aun padece grandes trancones especialmente en las horas pico.

Bogotá tiene casi 9 millones de habitantes y requiere soluciones tanto en infraestructura con la construcción y adecuación de nuevas vías como en un sistema de transporte público que funcione eficazmente, que incluya, metro, Transmilenio, tranvía, trenes de cercanías, etc.

Otra alternativa parece ser las Asociaciones Público Privadas que constituyen un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados, involucran la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura o servicio.

Estas fueron aprobadas mediante la ley y vinculan capital privado a la ejecución de proyectos no solo de infraestructura sino en proyectos sociales, cárceles, colegios, hospitales, etc. De esta manera propenden por buscar inversionistas a través de un fondo de capital privado, que sirvan como desarrolladores de proyectos.

Lo cierto es que el tiempo pasa y la ciudad requiere soluciones efectivas, que perduren en el tiempo y que sean sostenibles.

Janeth Franco Silva

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